Uno de los temas de los que solía hablar por aquí, y que he descuidado un poco últimamente es el de la calidad de la información electrónica. De hecho, este concepto parece que está en desuso, sustituido por el más amplio de ALFIN, y sus alfabetizaciones derivadas.

Normalmente, uno considerará fiable el contenido de una página en función de su conocimiento previo del tema o de la autoridad de la fuente de información consultada (El País es una fuente de información de autoridad, este blog no, por ejemplo). Pero desde un punto de vista formal y documental, hay ciertos elementos que nos muestran la calidad de una página web más allá del contenido que encontremos en ella. Por ejemplo, una página escrita con tipografía Comic Sans, con un fondo de papel tapiz de estrellitas que van cambiando de colores no parece que sea una fuente a tomar muy en serio.

Una de las buenas prácticas que me he encontrado últimamente en esto de la calidad de los recursos electrónicos es ésta que aplica la National Library of Medicine americana. En muchas de sus páginas web (ésta por ejemplo), además de indicar la fecha de creación y de última revisión y actualización, reseñan el nivel de permanencia de la página. Curiosa manera de categorizar la importancia de la información que publican. En el más rígido de estos niveles, se comprometen a no modificar el contenido ni la dirección de la página.

En esta época en la que la mayoría de la información que consumimos es electrónica parece imprescindible asegurar la mayor fiabilidad de la misma, en especial aquella que concierne a instituciones y organismo públicos. No son pocos los sitios web de administraciones públicas en los que nos encontramos un aviso advirtiéndonos de que la única información válida y completamente fiable es aquella publicada en papel o a través de los cauces tradicionales.

Los organismos deberían hacer un esfuerzo por mantener sus webs absolutamente actualizadas y asumir las responsabilidades derivadas de la dejación en dichas funciones. Por ejemplo, una fecha de examen que contuviera información errónea en la web de una universidad debería ser una prueba suficiente para reclamar el derecho a realizar el examen en otro momento. Lo mismo un horario incorrecto en la web de una administración pública. Motivo más que suficiente para pedir compensaciones por el tiempo perdido.

¿Os parece que estamos cerca de esta situación o son objetivos utópicos a alcanzar?